- Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito presentó estudio que revela que el ingreso ilegal de ropa usada forma parte de una cadena criminal internacional vinculada al contrabando, fraude documental, corrupción y contaminación ambiental.
- El gremio propone fortalecer la inteligencia aduanera, fiscalizar el comercio digital y concentrar la acción del Estado en desarticular las organizaciones criminales que operan esta economía ilícita.
Lima, 12 de agosto de 2026. – El Observatorio de Lucha contra el Comercio Ilícito (OLCI) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) considera necesario que el Gobierno fortalezca el control de las fronteras y priorice la lucha contra las organizaciones criminales vinculadas al tráfico ilegal de ropa usada, posición planteada tras la presentación del estudio “La cadena de suministro de la ropa usada en Perú: Tráfico, contrabando y contaminación de desechos textiles”, elaborado por el Instituto de Criminología.
“El estudio demuestra que no estamos frente a un comercio informal aislado, sino ante una cadena internacional vinculada al comercio ilícito, al fraude documentario, la corrupción, la contaminación ambiental, y dinámicas asociadas al crimen organizado”, apuntó el presidente de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI, Ricardo Gutiérrez Rojas al precisar que las políticas públicas deben basarse en evidencia para comprender la magnitud y los puntos críticos que se deben atacar.
A su turno, el presidente de la SNI, Felipe James Callao, recordó que el estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la SNI revela que el comercio ilícito afecta de manera creciente a toda la actividad industrial y casi la mitad de las empresas industriales del país se ven afectadas por alguna modalidad del comercio ilícito, siendo el contrabando la principal amenaza.
A su turno, la intendente nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, Marilú Llerena Aybar, resaltó la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para enfrentar este flagelo y reafirmó el compromiso de la Sunat en este aspecto.
La ruta del suministro ilegal de ropa usada
El director de Asuntos Públicos del Instituto de Criminología, Nicolás Zevallos, precisó que la investigación identifica una cadena integrada por 11 eslabones, 32 actividades y 88 tareas, en la que participan redes de tráfico ilícito, fraude documental, corrupción y comercialización ilegal. Asimismo, detecta 24 puntos donde la ropa termina convertida en residuo, generando impactos ambientales a lo largo de todo el proceso.
“Un punto medular de nuestra investigación es que en el Perú no existen rutas aisladas para cada delito. No hay una ruta exclusiva para la ropa usada, otra para el oro ilegal y otra para el narcotráfico. Todas comparten corredores y operadores logísticos. El mismo transporte que ingresa ropa usada por la frontera sur puede traer mercurio ilegal, armas o ser utilizado para el tráfico de personas o cocaína. Los operadores logísticos diversifican sus actividades criminales de forma complementaria”, precisó Zevallos.
Propuesta de medidas y acciones
El OLCI presentó una propuesta de medidas que combina reformas legales, fortalecimiento institucional y acciones operativas para enfrentar esta economía ilícita, proteger la industria nacional y recuperar el control del comercio fronterizo, en línea con lo anunciado por la presidente de la República, Keiko Fujimori, de reforzar la vigilancia de las fronteras mediante inteligencia artificial, drones y tecnologías de reconocimiento facial para combatir a las organizaciones criminales que operan en estas zonas.
Entre las principales acciones figura el fortalecimiento de la capacidad operativa de la Aduana mediante sistemas modernos de gestión de riesgos sustentados en herramientas digitales e inteligencia de datos.
Asimismo, el OLCI planteó que las acciones de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial se concentren en desarticular las redes que financian, transportan y distribuyen mercancías ilegales, en lugar de dirigir los mayores esfuerzos contra el pequeño comerciante.
También propuso fortalecer el rol de los gobiernos locales para fiscalizar de manera permanente los establecimientos donde se comercializa ropa usada, aplicando las medidas previstas en la legislación municipal, incluido el cierre de locales que expendan mercancía cuya importación está prohibida.
«El estudio nos deja tres conclusiones claras: la lucha contra el comercio ilícito y la protección al medioambiente son una misma agenda; la cadena de suministro atraviesa múltiples países y jurisdicciones, por ello la cooperación internacional debe ser un pilar para enfrentar esta problemática”, señaló Gutiérrez Rojas.
Conclusiones del estudio: una cadena criminal transnacional
El estudio concluye que Chile constituye la principal puerta de ingreso de ropa usada hacia Sudamérica y que una parte importante de estos cargamentos termina ingresando ilegalmente al Perú a través de las fronteras con Chile y Bolivia.
Los investigadores identificaron múltiples modalidades utilizadas por las organizaciones criminales, entre ellas camiones de carga, buses interprovinciales, vehículos particulares, pasos fronterizos no habilitados, el denominado «tráfico hormiga» e incluso rutas lacustres por el lago Titicaca, compartiendo corredores empleados por otras economías ilícitas.
De acuerdo con cifras del Banco Central de Chile, ese país importó US$143,3 millones en ropa usada durante 2023, equivalente a un promedio anual de 136 095 toneladas entre 2021 y 2023, lo que evidencia la magnitud del flujo comercial que posteriormente alimenta los mercados ilegales de la región.
La investigación también revela que la cadena ilícita no concluye con el ingreso de la mercancía al país. Una vez en territorio peruano, la ropa es almacenada, clasificada y distribuida mediante una red de mayoristas y minoristas que emplea plataformas digitales, redes sociales y servicios de encomiendas para abastecer a compradores en distintas regiones del país, ampliando el alcance del mercado ilegal y dificultando las labores de fiscalización.
Para el OLCI, estos hallazgos demuestran que combatir el tráfico de ropa usada requiere una estrategia integral basada en inteligencia operativa, control fronterizo, fiscalización del comercio electrónico y acciones coordinadas sobre los centros de acopio y distribución.
Durante la presentación del estudio, se realizó un conversatorio sobre la problemática del comercio de ropa usada en el Perú en el que participaron el profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico Carlos Casas; el experto en Seguridad José Luis Gil Becerra y el presidente del Comité Textil y Confecciones de la SNI, Raúl Saba De Rivero; bajo la moderación de la gerenta de Asuntos Internacionales y Secretaria Técnica de la Comisión de Lucha contra el Comercio Ilícito de la SNI Silvia Hooker.
