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Es necesaria una política de ‘flexiseguridad’: reducir ciertos costos, pero maximizando el cumplimiento de las normas laborales; señaló el laboralista Jorge Toyama en el foro organizado por la SNI.
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Elmer Cuba propuso que se incorpore a los que recién ingresan al mercado laboral a un sistema más flexible. Así se beneficiaría al 70% de la PEA urbana.
Lunes, 13 de octubre de 2014.- En el Perú, a siete de cada diez trabajadores no se les reconocen ni derechos laborales ni beneficios sociales; es decir, están en la informalidad. Incluso, el sueldo promedio en este sector está por debajo de la remuneración mínima vital (S/. 750.00).
Para el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Luis Salazar Steiger, existe una relación directa entre el costo salarial y la informalidad. “No todas las empresas pueden asumir los costos exigidos por las normas. Eso nos lleva a tener un problema muy serio de 11 millones 100 mil peruanos en la informalidad”, afirmó durante el conversatorio Reforma Laboral: Propuestas de los Expertos, organizado por el gremio industrial.
En el evento, en el que se abordó la necesidad de revisar el marco regulatorio laboral para facilitar la creación de empleo formal, participaron Antonio Sempere, reconocido laboralista español; Elmer Cuba, socio director de Macroconsult; Jorge Toyama, socio del estudio Miranda & Amado Abogados; y Miguel Jaramillo, director ejecutivo de Grade.
Jorge Toyama sostuvo que el país debe apuntar a una reforma laboral, una Ley General del Trabajo que reconozca derechos a los que no cuentan con ellos y respete a quienes sí los tienen. “Es necesaria una política de ‘flexiseguridad’; es decir, reducir ciertos costos, pero maximizando los sistemas de cumplimiento de normas laborales”, planteó.
Indicó que, después de la burocracia y la corrupción, la rigidez laboral es uno de los factores que más gravan la competitividad del país. “Y el Perú está entre los 14 países más rígidos del mundo, según el ránking del World Economic Forum”, advirtió.
En tanto, Elmer Cuba propuso que se mantenga a los trabajadores actuales en el régimen laboral vigente e incorporar a los que recién ingresan al mercado laboral a un sistema más flexible. “Así se beneficia al 70% de la PEA urbana, sin perjudicar al otro 30% que ya es formal”, expuso. También dijo que una reforma incrementaría en 40% la formalidad laboral; de lo contrario, dicho proceso tomaría más de 50 años.
Por su lado, Miguel Jaramillo apuntó que hay un costo enorme para un empleador cuando contrata un trabajador y las más perjudicadas son las pequeñas y medianas empresas. “El mayor costo es que la empresa cierre y que todos pierdan. A veces da la impresión de que ese costo mayor es ignorado”, opinó.
Para el académico español Antonio Sempere, la flexibilidad laboral no es para beneficio de las empresas, sino del sistema laboral en conjunto. “La flexibilidad tiene que ser atractiva para todos los agentes sociales. Debe existir un consenso entre todas las partes que facilite la ejecución de una reforma laboral; si no, su aplicación será muy difícil”, manifestó.
