- En los bloques del TPP y la Alianza del Pacífico, nuestro país es el más afectado por la tramitomanía.
- Desde 2013, Perú ha sido superado por 20 países más en calidad de regulaciones.
Lima, 14 de febrero de 2016.- El Perú es uno de los ocho países con la mayor carga burocrática del mundo, la cual es identificada por los empresarios peruanos como el principal obstáculo para hacer empresa, alertó la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).
Según el gremio industrial, mediante un análisis basado en estudios del World Economic Forum (WEF) y del Banco Mundial, esta desventaja impone un lastre para nuestra competitividad y, a su vez, un reto para la administración gubernamental: nuestro país registra un 30% más de carga burocrática que el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y tiene la menor calidad regulatoria entre todos los miembros del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y de la Alianza del Pacífico; y entre todos los países asiáticos y europeos con los cuales se tiene un acuerdo comercial (con la excepción de Croacia e Italia).
Como ejemplo, indicó la SNI, el Perú es el país de la Alianza del Pacífico en el cual se requiere más tiempo para culminar un proceso de apertura de negocio, edificación de planta, pago de impuestos y operaciones de exportación e importación, con 263 días en total, 41% más tiempo que el promedio de la OCDE. Entre otros, destaca el plazo para abrir una empresa (26 días, más del triple que el promedio OCDE) y para obtener una licencia de edificación (174 días, más del doble que Colombia y México).
Cabe mencionar que según el ranking WEF 2015, el Perú ocupa el puesto 133, de entre 140 países, en carga de regulación gubernamental. Aún más rezagados aparecen Ecuador (134), Argentina (135), Serbia (136), Croacia (137), Italia (138), Brasil (139) y Venezuela (140).
El gremio manufacturero sostuvo que la carga burocrática en el Perú se explica principalmente por dos razones: i) de un lado, la existencia de normativas ilegales y/ o irracionales que carecen de análisis económico-legales serios como sustento previo y; ii) de otro lado, la ineficiente gestión pública en la atención de trámites que resalta por su discrecionalidad e incumplimientos de plazos legales en los procedimientos que evalúa, en especial en los gobiernos locales, por su baja calidad institucional media.
Si bien se han dado recientes normas para mejorar la simplificación administrativa (por ejemplo, los decretos legislativos 1200, 1203, 1211, 1212, 1222 y 1225), el margen de mejora pendiente es amplio pues aún se requiere la implementación efectiva de estas normas y, más importante, introducir de forma concreta reformas que significativa y directamente enfrenten la tramitomanía existente.
Entre otras medidas, la SNI considera fundamental aplicar cinco reformas para la simplificación y mejora regulatoria. Primero, aplicar una “guillotina” que elimine las regulaciones detectadas por el Indecopi como barreras burocráticas ilegales y/ o irracionales. Segundo, establecer un TUPA único nacional para todo nivel de gobierno, como mínimo para los trámites de mayor demanda (entre ellos, licencia de funcionamiento, certificado de seguridad de edificaciones).
Tercero, revisar la justificación técnica de los silencios administrativos negativos vigentes y aplicar licencias automáticas o silencios positivos para la mipyme y establecimientos que riesgo bajo-medio. Cuarto, aplicar sanciones efectivas y rápidas a los funcionarios que exceden los plazos legales para responder solicitudes. Y finalmente, exigir que toda norma relevante del Poder Legislativo y de todos los niveles de gobierno cuente con un estudio de análisis de impacto regulatorio que se publique previo a su emisión.
