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La estrategia global debe partir del Ministerio del Interior.
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Implementación de registro de operadores de comercio exterior permitiría combatir el lavado de activos.
Lima, 26 de julio de 2018.- El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, precisó que urge reforzar el sistema de inteligencia bajo el concepto de crimen organizado para combatir el contrabando, subvaluación y piratería, proponiendo además la creación de un registro de operadores de comercio exterior (importadores y exportadores) como una medida para prevenir los delitos mencionados y el lavado de activos.
Explicó que se tiene evidencia de las acciones que viene realizando el Comando Regional de Lucha Contra los Delitos Aduaneros y la Piratería del Callao. Sin embargo, -prosiguió- es notorio que no existe una coordinación estrecha con la Comisión Nacional de Lucha Contra el Contrabando, órgano que debería brindar el soporte político que necesita para el desarrollo de sus actividades; de igual forma, no existe evidencia de acciones similares que realizan Comandos encargados de otras regiones como Puno.
“Al parecer las Intendencias de Sunat, a nivel nacional no tienen un trabajo alineado para erradicar esta problemática, así como los organismos sectoriales que también deberían incluirse para ejecutar una lucha contra este tipo de delitos, los mismos que son fuente de ingreso de las bandas criminales. La estrategia global del Sistema de Inteligencia debería partir del Ministerio del Interior”, puntualizó.
En ese contexto, el titular de la SNI, propuso implementar el registro de operadores de comercio exterior que permitiría combatir el lavado de activos, el cual debería ser gratuito, ágil y de ningún modo generar una traba burocrática. Explicó que este registro permitiría a las autoridades verificar la procedencia lícita o no del dinero invertido para la operación, y de esta manera combatir el lavado de activos.
“Muchos importadores traen del extranjero mercancías valorizadas en millones de dólares y además subvaluadas, quienes no pueden sustentar el origen del dinero y muchas veces no presentan declaración de renta anual y desaparecen por un tiempo, así como algunos cambian de titular de la importación y permanece la misma dirección de destino de las mercancías. Por ese motivo, muchos países cuentan con registros de operadores y el Perú no puede estar al margen; no es posible que personas que realizan operaciones comerciales de cientos de miles y/o millones de dólares no tengan un respaldo económico y/o financiero que garantice la procedencia lícita de los fondos ”, declaró.
Márquez explicó que esta propuesta forma parte de una invocación que la SNI hace a las autoridades para poner en marcha una política de Estado orientada a la lucha contra la piratería, contrabando y subvaluación de mercancías. Estas prácticas ilegales, dijo, compiten deslealmente con la industria nacional y evaden el pago de impuestos al Estado –aranceles de importación, IGV, impuesto a la renta- que es el directamente perjudicado arrastrando a la industria formal que no puede competir con ellos.
En esa línea, dijo que es necesario que todas las instituciones públicas que participan en alguna parte de la cadena de comercio, estrechen relaciones para la ejecución de una política más eficiente. Así, detalló que algunas de las medidas importantes que deberían adoptarse en breve es que se exija que los productos importados lleguen debidamente etiquetados, y no que se le permita el etiquetado ya en puerto, en zona primaria; porque ello da pie a la subvaluación y al perjuicio a los consumidores.
Además, expresó que es necesario que Digesa apoye expeditamente las acciones que se realizan en control de aduanas para cuando se intervienen productos alimenticios, principalmente importaciones; y que se amplíen los plazos que tienen las aduanas para reportar casos sospechosos.
Con respecto a este último punto, Márquez señaló que cuando la aduana aérea encuentra alguna mercadería sobre la cual hay sospecha, sólo tiene dos horas para informar a las entidades que podrían intervenir. Mientras que otros países tienen 15 horas en promedio. Lo mismo ocurre en la aduana marítima, la cual solo tiene dos días para comunicar; cuando otros países consideran un plazo de 15 días y estamos hablando de los países más liberales del mundo.
Por ello, el empresario industrial saludó las acciones ejecutadas por el Comando Regional de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería del Callao y pidió que se repliquen en otras regiones del país. “La lucha contra estos delitos no puede ser con acciones aisladas, sino como una política integral, la cual confiamos que se dé en este Gobierno, además, se debe brindar mayor impulso al trabajo que el Ministerio de la Producción está desarrollando para luchar contra esta lacra de la sociedad”, finalizó.
