- Actual tipificación es insuficiente para combatir esta grave amenaza para la salud pública, la seguridad ciudadana y el estado de derecho.
Lima, 06 de octubre de 2026.- Los Comités de Destilados y Vitivinícola de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) demandaron a las autoridades incorporar como delito contra la salud pública, dentro de la Ley de Crimen Organizado, la producción y comercialización de bebidas alcohólicas ilegales, debido a que la normativa vigente resulta insuficiente para enfrentar esta actividad ilícita.
En el marco del II Simposio “Transformación Económica e Innovación hacia la Sostenibilidad en Lima Metropolitana”, realizado en la SNI, representantes de dichos comités señalaron que la investigación penal no está abordando el problema de raíz y que las sanciones no resultan efectivas. Explicaron que esta situación responde, en parte, a la falta de herramientas legales para perseguir estas actividades bajo el enfoque de crimen organizado.
La Ley N.° 29632, que establece medidas para erradicar la elaboración y comercialización de bebidas alcohólicas informales, adulteradas o no aptas para el consumo humano, incorporó al Código Penal el artículo 288-C, que tipifica estas conductas como delito. Sin embargo, no están comprendidas en la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N.° 30077), que contempla diversos delitos contra la salud pública relacionados con la falsificación, contaminación, adulteración y comercialización de productos.
Por ello, los Comités de Destilados y Vitivinícola de la SNI plantean incorporar estas conductas a dicha norma, a fin de fortalecer la persecución penal y contribuir a desarticular las estructuras que operan detrás de este mercado ilegal. Esta modificación permitiría enfrentar de manera más efectiva una actividad que representa un riesgo para la salud pública, la seguridad ciudadana y el Estado de derecho.
Una problemática que trasciende al sector de bebidas alcohólicas
El pedido de los comités se enmarca en una problemática más amplia que afecta al sector industrial. Al respecto, la gerenta de Asuntos Internacionales de la SNI, Silvia Hooker, señaló que el 52% de los empresarios industriales se ve afectado por el comercio ilícito y precisó que la falsificación y la adulteración ocupan el cuarto lugar entre las principales modalidades, detrás del contrabando.
Hooker coincidió en que la lucha contra la falsificación y adulteración de bebidas alcohólicas requiere ir más allá de la fiscalización y contar con herramientas legales para enfrentar estas actividades como parte del crimen organizado. Advirtió que este mercado ilegal opera mediante estructuras logísticas, redes de distribución y mecanismos de financiamiento que evidencian el nivel de organización de este tipo de criminalidad.
Por su parte, José Luis Medina, abogado especialista del Estudio Rodrigo, advirtió que detrás de la adulteración de bebidas alcohólicas operan estructuras criminales que generan millonarias ganancias a costa de la salud de las personas. Señaló que incluir estas conductas en el ámbito del crimen organizado fortalecería las herramientas del Estado para investigar y desarticular estas redes, reduciendo la impunidad.
Peligro de intoxicación y muerte
Adrián Reyes, integrante del equipo Legal & Compliance de Cartavio Rum Company S.A.C., recordó que las bebidas alcohólicas ilegales en diversos puntos del país han ocasionado intoxicaciones masivas y muertes por el consumo de licor adulterado. Estos delitos son una práctica sostenida, organizada y peligrosa que exige una respuesta legal más firme y coherente, resaltó.
Reyes explicó cómo funciona la cadena de adulteración y advirtió que en los productos alcohólicos adulterados incautados en el Perú se encontró una contaminación bacteriana por encima del 200% y niveles de turbidez superiores al 500%.
En esa línea, el analista de los Comités de Destilados de la SNI Hans Ramírez, alertó que una de cada cuatro bebidas alcohólicas que se venden en el país son de procedencia ilegal producto de la falsificación, adulteración o del contrabando.
El Simposio, organizado por la Subgerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, en alianza con el Comité de Destilados de la SNI, contó también con la presencia de la subgerenta Regional de Desarrollo Económico del GRML, Marlene Cárdenas: el especialista en Innovación de ProInnovate Luis Flores; y el Brand Protection & Corporate Security Manager South LAC, Diageo Andrés Schwarz.
Asimismo, se desarrolló un panel de análisis con la participación de Hugo Vila, secretario técnico de la Comisión de Lucha contra Delitos Aduaneros y Piratería de Produce; Neils Guzmán, representante de la Subgerencia Regional de Desarrollo Económico del GRML; y José Luis Medina, especialista en litigios penales vinculados a la actividad empresarial y cumplimiento corporativo del Estudio Rodrigo.
