Los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios nos sumamos a este comunicado para exigir al Congreso y al Ejecutivo que tomen decisiones firmes frente a la inseguridad que hoy gobierna en la sombra el Perú.
El Estado está perdiendo la batalla contra el crimen organizado, perjudicando a miles de familias y negocios en todo el Perú. Las autoridades no han mostrado una estrategia efectiva para combatir esta amenaza, que afecta nuestra calidad de vida y la posibilidad de trabajar con tranquilidad.
Ninguno de nuestros negocios, sin importar el tamaño o sector, está a salvo de las extorsiones. Las industrias, bodegas, salones de belleza, restaurantes, ferreterías, comercios textiles, transportistas y hasta los comedores populares somos víctimas diarias de este flagelo. Vivimos bajo el asedio de una criminalidad organizada que ha tomado el control del país ante la ausencia alarmante del Estado.
A ello se suma el avance de economías ilegales, como la minería ilegal, que ha infiltrado el poder político con dinero manchado de sangre.
El Congreso debe aprobar en el más breve plazo, el PL que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como terrorismo urbano y endurecer las penas para quienes los cometan, así como derogar la última modificación al Código Penal que relajó la persecución del delito de crimen organizado.
Adicional a ello, es imprescindible fortalecer las instituciones encargadas de la represión al crimen y el imparto de justicia, como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Sin decisión política ni firmeza, los peruanos seguiremos muriendo, los negocios cerrando, y habremos dejado al Perú en manos del crimen organizado. ¡Que no nos ganen la batalla!
