Ante los acontecimientos que se vienen produciendo en el sector de la agroexportación en el sur del país manifestamos lo siguiente:
- Lamentamos los sucesos que vienen desarrollándose en Ica, a partir de las demandas de trabajadores de este sector, los cuales vienen solicitando una serie de requerimientos que deben ser atendidos en medio de un clima de diálogo, tanto por las entidades gubernamentales como por los empresas informales que no vienen aplicando la normativa que deviene de la ley agraria.
- La industria de la agroexportación en el país ha creado más de 400,000 empleos formales en el sector agrícola y agroindustrial, siendo el 46% empleos destinados a mujeres. Con ello, se redujo la pobreza en el sector de 81.3% al 38% entre el 2004 y el 2017.
- Asimismo, el salario promedio subió de 726 soles el 2004 a 1,550 soles el 2018, según datos de la SUNAT; incrementándose el empleo formal del 24% al 44% entre el 2004 y el 2017; razón por la cual debemos apoyar a las empresas agropecuarias que trabajan en la formalidad y que respetan el derecho de los trabajadores.
- La ley de promoción del agro ha permitido un crecimiento de más de 10 veces las exportaciones y ha dado competitividad internacional al sector. Cabe señalar que en un mecanismo usual y en países vecinos, se han desarrollado regímenes con deducción del 100% del impuesto a la renta o la entrega de tierras agrícolas como formas de atraer inversiones.
- La escucha y el diálogo de las diversas partes deben prevalecer frente a las demandas solicitadas, y con esto frenar actos de violencia y obstrucción de los derechos a la movilización, salvaguardando la salud y seguridad de los trabajadores y ciudadanía en general.
Por ello, consideramos que deben producirse cambios en las condiciones de los trabajadores formales del sector, defender sus empleos y el crecimiento de las actividades productivas, reconociendo la estacionalidad de este sector como una condición fundamental:
- Modificación de la Ley 29245 que elimine el uso de la tercerización laboral en el sector a fin de corregir los abusos o prácticas contrarias al respeto de los trabajadores.
- Las más de 4,000 empresas afiliadas a la ley 27360 deben respetar el pago justo de las remuneraciones, gratificaciones, vacaciones, CTS y utilidades reconocidas en la ley del sector en el marco de la temporalidad de los contratos laborales. Por lo que debe haber una supervisión de la SUNAFIL en el cumplimiento de estas normas, como se viene haciendo en el resto de empresas del país. Reconocemos en ese sentido que esta institución no ha parado durante la pandemia habiendo realizado 1,400 intervenciones a empresas de este sector.
- Debe ampliarse aún más el compromiso de las empresas de la industria agroexportadora en desarrollar cadenas productivas en otras regiones del país incluyendo sierra y selva. Igualmente debe intensificarse la capacitación de los trabajadores del sector mediante un aporte similar al que existe en la industria con SENATI, lo que permitirá mejores condiciones futuras e incorporación de nuevos trabajadores principalmente de la agricultura familiar.
Mantengamos la ley de promoción del sector agrario 27360 que ha permitido no solo crecimiento de las exportaciones sino también formalización en el sector, reducción de la pobreza y generación de empleos, convirtiéndose en un importante motor de la economía nacional. Invocamos a todas las partes a defender los empleos y la estabilidad de las empresas y las inversiones, todas con un horizonte superior a los 10 años.
