- Por prácticas inadecuadas de operadores de comercio exterior, sólo se declara a aduanas el 30% del valor real de mercancías
- Importadores ‘golondrinos’ viajan a los países de los proveedores hasta con US$ 100,000 en efectivo, pese a que el monto máximo es US$ 30,000.
- Gremio industrial propone creación de Registro de Importadores para transparentar la procedencia lícita del dinero.
Lima, 10 de febrero del 2019.- El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, solicita la inmediata intervención del Gobierno para reactivar las acciones de control en aeropuerto a personas que trasladan montos superiores a 10,000 dólares, porque es a través de este mecanismo que se origina también el contrabando y lavado de dinero, afectando gravemente el erario nacional y a la industria nacional.
En ese contexto, advirtió que hay importadores ‘golondrinos’ que actúan inadecuadamente e ingresan sus mercancías a nuestro país declarando a Aduanas, supuestamente, el 100% del valor, lo que en realidad solo es el 30% del costo real de la mercadería; ello, con la finalidad de evadir impuestos e incluso utilizar esta ilícita práctica para ocultar otros delitos como el lavado de activos.
Ante ello, el líder gremial reiteró que es urgente que los operadores de comercio exterior estén obligados a inscribirse en un Registro de Importadores, lo que permitirá que las autoridades, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), verifiquen la procedencia lícita de los recursos económicos o financieros que les permita solventar sus operaciones de comercio exterior.
En este contexto, Márquez explicó que la compra de mercancías importadas se realiza en Iquique, China, Hong Kong, Vietnam o India, lugares donde el vendedor exige para colocar el pedido, el adelanto de entre el 40 y 50% del valor real acordado. Cuando la mercancía- prosiguió- está lista para ser embarcada desde el puerto de origen, el comprador realiza el pago del 20 al 30% adicional y, finalmente, en el momento en que la mercancía llega a destino (la compra involucra entre 30 y 60 días hasta que la mercadería llega y se produce) se paga el saldo restante que puede ser entre 20 y 30% del valor real pactado.
“Este saldo es el que llega “declarado” en la factura y se presenta a la Aduana como si fuera el 100% del valor; sin embargo, solo representa entre el 20 y 30% del precio real. Es decir, declaran que sus productos tienen un valor menor con la intención de pagar menos aranceles, menos IGV y, por lo tanto, tampoco pagan impuesto a la renta, pues gran parte de lo que ingresan lo venden en el mercado informal”, señaló Márquez.
Expresó que por regulaciones mundiales un viajero en el aeropuerto solo puede sacar hasta el equivalente a US$ 10,000 en valores o en efectivo y si excede esa cifra tiene que declararlo, pero hasta un máximo de US$ 30,000. Por encima de ese monto -prosiguió- el dinero debe ser transferido por el sistema financiero; sin embargo, hay importadores que trasladan en efectivo cifras mucho mayores que US$ 30,000 y que pueden llegar a los US$ 100,000, cuyos montos son el porcentaje pactado como adelanto de la mercadería entre los proveedores y los importadores.
Afirmó que si bien el decreto Legislativo N° 1388 dispone el uso obligatorio de medios de pago en las operaciones de comercio exterior, para combatir los delitos de lavado de activos y subvaluación de mercancías, existen versiones que alertan como el del Superintendente Nacional Adjunto de Aduanas, Rafael García, quien en setiembre último hizo pública su preocupación por los incorrectos medios de pago y flujo de dinero que realizan algunos importadores, pues se detectó que muchas transferencias de dinero se hicieron ilícitamente a través de terceros ya que el importador no puede hacerlo directamente.
“Melgar dijo que sus investigaciones indican que i) solo el 21.4% de los importadores que aparecen en los registros de la UIF efectúa transferencias directas a sus proveedores en el exterior; ii) habría más de 1400 importadores que transfirieron fondos a sus proveedores por encima de los montos declarados, lo que constituye un indicador de subvaluación, estimada en más de US$ 9,000 millones”, apuntó.
Márquez señaló que Melgar también concluyó que iii) habría cerca de 4,000 importadores que transfirieron montos menores a los declarados, lo que constituye un indicador de sobrevaluación, que se estima en US$ 16,000 millones; iv) si bien existe una variedad de destinos para las transferencias, lo que le llamaba la atención de esas transferencias es que una proporción importante de ellas las efectúan “terceros” no vinculados formalmente a los importadores y también socios, representantes legales y hasta trabajadores.
El presidente de la SNI sostuvo que es necesario que en el Perú se tomen medidas, tal como en su momento lo han hecho Estados Unidos, Colombia y Brasil, en cuyos territorios el problema ya fue solucionado por una real preocupación. Para ello, Márquez, reiteró la obligatoriedad para que todos los operadores de comercio exterior estén obligados a inscribirse en un Registro de Importadores, en el cual se permite que la UIF –o la entidad análoga a nuestra UIF- pueda verificar la procedencia lícita de los recursos económicos o financieros que les permita solventar sus operaciones de comercio exterior.
“Más de la mitad de importadores que declaran ante aduanas son personas naturales, muchas de las cuales no pueden justificar los grandes montos invertidos en la importación. Un Registro de Importadores no se trata de una traba al comercio, como seguramente algunos defensores del libre comercio dirán, se trata de evitar que nuestro país siga siendo un mercado donde la regla es el libertinaje del comercio”, señaló Márquez.
El empresario industrial señaló que a la par del decreto Legislativo N° 1388, las autoridades deben tomar acciones para cerrarle el paso a la lícita importación, la cual no solo afecta al Estado a través de una menor recaudación, sino también a la industria formal, que no puede competir en igualdad de condiciones con los precios irreales de los subvaluadores; perjudicando así el empleo y la inversión en el sector industrial.
“Queremos entrar a la OCDE y para ello estamos en una carrera para adecuar muchas leyes medidas sugeridas por sus miembros, pero no hacemos nada por algo tan elemental como evitar la trampa y hacer del Perú un mercado transparente y ordenado”, reclamó.
