- No es conveniente que el Ministerio del Interior nuevamente fiscalice estas actividades, porque están bajo control del Indecopi.
- Gremio industrial advierte que iniciativa perjudicaría a los consumidores y generaría incentivos para la corrupción.
Lima, 2 de julio de 2018.- El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, expresó su preocupación por el proyecto de ley que permitiría al Ministerio del Interior la aprobación y fiscalización de las promociones comerciales, cuando este control -advirtió- ya es realizado por el Indecopi.
El titular de la SNI, señaló que el proyecto que modifica el Decreto Legislativo 1266 “Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior”, incorpora la fiscalización de promociones comerciales, y pretende restablecer un trámite burocrático innecesario y costoso que fue correctamente eliminado en enero de 2017, mediante Decreto Legislativo 1246, considerado como el más reciente y comprensivo esfuerzo legislativo de eliminación de barreras burocráticas. Actualmente, el proyecto se encuentra con dictamen favorable en la Comisión de Defensa Nacional y pendiente de dictaminar en la Comisión de Descentralización del Congreso.
Márquez sostuvo que la realización de promociones comerciales está sujeta al control y fiscalización del Indecopi, igual que todas las ofertas y actividades comerciales que involucran a consumidores. “Indecopi fiscaliza el cumplimiento de las normas sobre publicidad y protección al consumidor, entre otras, y puede imponer medidas correctivas de cumplimiento y/o reparación, así como sanciones de hasta 450 UIT”, declaró.
El empresario industrial, explicó que las autorizaciones previas de actividades empresariales le restan dinamismo y flexibilidad a la economía, afectan la competitividad y restringen la iniciativa empresarial, además de generar costos que, finalmente, pagan los consumidores. “No existe razón alguna para que las promociones comerciales estén sujetas a una fiscalización adicional, y menos a una aprobación previa, si tenemos a Indecopi como la entidad que cumple esa función”, aseveró.
Además, dijo Márquez, de aprobarse dicho proyecto de ley, se generarían incentivos para la corrupción y para que los funcionarios que las otorgan utilicen su poder discrecionalmente, a cambio de prebendas. De otro lado, el proyecto establece una inconstitucional confiscación de la propiedad de las empresas, porque los premios no reclamados luego de la caducidad, revierten a favor del Ministerio del Interior, para fines supuestamente benéficos.
“Las autorizaciones previas solo se justifican cuando la actividad genera altos riesgos a la salud o la seguridad. En el caso de las actividades comerciales empresariales, el riesgo para los consumidores es básicamente que el proveedor incumpla lo ofrecido. Pero, en tal supuesto, los propios consumidores y el Indecopi, con la regulación existente, pueden exigir el cumplimiento, reparar el daño inmediato y sancionar ejemplarmente al infractor”, manifestó el presidente de la SNI.
