DECRETO LEGISLATIVO
Nº 1325
Con fecha 06 de enero del 2017, se tiene a bien declarar en emergencia el Sistema Nacional Penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario, en adelante INPE, por razones de seguridad, salud, hacinamiento y deficiente infraestructura por el período de veinticuatro meses, a fin de revertir la aguda crisis que atraviesan los establecimientos penitenciarios a nivel nacional.
El referido instrumento normativo señala que las intervenciones en el marco de la declaratoria de emergencia se centrarán en ámbitos relacionados a la Salud, Infraestructura, Seguridad, Lucha contra la Corrupción y el fortalecimiento de la gestión administrativa.
MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD
Se prevé desarrollar programas y acciones de salud en los establecimientos penitenciarios en vías de salvaguardar la salud de los internos, esto último, deberá contar necesariamente con la participación del Ministerio de Salud, Essalud, Direcciones Regionales de Salud y las Instituciones Prestadoras de Salud tanto Públicas como Privadas, todo ello en coordinación directa con el INPE.
Dentro de las principales acciones, son aquellas referidas a la detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades como la TBC, el VIH, así como el tratamiento efectivo de las personas con problemas de salud mental, las cuales podrán ser trasladadas definitivamente a centros de atención especializados. Los tratamientos especializados se extenderán para aquella población penitenciaria que sean susceptibles por razones de identidad de género, orientación sexual, étnica racial, así como a los dependientes de sustancias tóxicas, adultos mayores, internas con menores hijos y personas con discapacidad.
En ese sentido, se fortalecerán las medidas de fiscalización y control de servicios alimenticios que brinden las empresas proveedoras con la finalidad de cautelar la salud de la población penitenciaria.
MEJORAs de cONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PENITENCIARIO
El INPE se encuentra facultado, durante el periodo de emergencia, a realizar los procedimientos de selección correspondientes a concursos públicos y licitaciones públicas para la contratación de bienes, servicios, consultorías de obras y ejecución de las mismas, siempre y cuando se circunscriba a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado.
En ese sentido, se ha facultado al INPE para que pueda construir pabellones que permitan aumentar las unidades de alojamiento, mejorando de esta manera, la habitabilidad y seguridad en los establecimientos penitenciarios. Como medida adicional, se ha dispuesto que COFOPRI, en coordinación con el INPE, se encuentre facultado para identificar y transferir a título gratuito y en forma prioritaria terrenos que cumplan las condiciones necesarias para la construcción de nuevos centros penitenciarios
